La orden de desalojo ratificada por la Corte Suprema busca desplazar a toda una comunidad que se asentó ilegalmente en la toma reconocida como “la más grande de Chile”, en un terreno de 260 hectáreas del cerro La Virgen de San Antonio. Esta situación resalta la crisis habitacional en el país, ya que afecta a más de 15 mil familias que llegaron al campamento hace cinco años y lo convirtieron en su hogar. Los desafíos incluyen la propiedad de los terrenos y las limitaciones del suelo, complicando la permanencia de las personas en el lugar, quienes se niegan a irse.
*Este reportaje fue realizado por Christian Osorio para su examen de la asignatura de Reportaje, a cargo de la profesora Nicole Salvatierra
Karina Ayala, presidenta de la Agrupación Nuevos Aires
«¡No al desalojo!», es el mensaje que resuena en los murales, plazas y calles de San Antonio. La indignación se encendió el pasado 22 de marzo, cuando la Corte Suprema ratificó de forma unánime el fallo de la Corte de Valparaíso, ordenando el desalojo de la mega toma de San Antonio, ubicada en el cerro La Virgen y catalogada como la más grande de Chile. Esta medida, con un plazo de seis meses para ser ejecutada, afectará a más de 15 mil familias que hace cinco años comenzaron a poblar el sector.
El fallo estableció que “todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de 6 meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones realizadas en el lugar. Se ordena el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición”.
Karina Ayala es la presidenta de la agrupación Nuevos Aires de San Antonio, la cual representa a más de siete mil familias que habitan el campamento. Se muestra sorprendida por la decisión, ya que creían ir bien encaminados en su lucha, por lo que asegura que el daño psicológico que ha sufrido la comunidad es terrible y que lucharán a toda costa en caso de una eventual desocupación, “Si nos desalojan, el 80% de los vecinos va a pelear y esto va a ser una masacre. Va a ser un problema de altas dimensiones, porque toda la gente aquí tiene invertida su plata, su 10% de la AFP u otros ahorros, y les ha costado mucho armar sus viviendas. Será una batalla campal entre Carabineros, o quien sea que venga, y nosotros”.
La cara más visible de la carencia de viviendas
Después del estallido social de octubre de 2019, la crisis habitacional en Chile se hizo más evidente con el aumento de las tomas de terreno. Según el Catastro de Campamentos 2024, actualmente existen 1.432 asentamientos irregulares en nuestro país, lo que representa un aumento de 630 unidades respecto al registro anterior a la revuelta social. En tan solo cinco años, los campamentos en Chile han aumentado en un 56%.
Susana Carvallo y su esposo, un matrimonio de la tercera edad, llegaron al cerro La Virgen en medio de la pandemia. Desesperados por la situación económica que atravesaban, decidieron habitar un terreno y comenzar a construir su hogar. «Con la pandemia, mi marido quedó cesante y no podíamos seguir arrendando. Nos dijeron que existía este espacio y que en el futuro podríamos comprarlo. No sabíamos que era una toma», explicó Susana. Fue honesta y compartió lo que ha vivido estos años al ser considerada una participante activa de la mega toma, “Vivir en campamentos no es nada fácil, acá en el cerro debemos lidiar con las inclemencias del tiempo y las emergencias que se puedan producir. Hay mucha desinformación y bastantes personas que hablan sin saber”.
Frente a la inminente determinación, la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, declaró a El Diario de Cooperativa que “Los problemas sociales no se abordan con desalojos”. Considera factible la urbanización y la creación de barrios en la zona, destacando que el terreno es adecuado para vivienda y cercano a otras áreas residenciales, lo que permitiría desarrollar un proyecto importante para el crecimiento de la ciudad.
Los dirigentes de la toma solicitan al Gobierno que compre el predio privado para que las familias puedan adquirir los terrenos donde ya han construido, mientras que los propietarios de estos piden 1,5 millones de UF, equivalentes a más de 45 mil millones de pesos chilenos.
Zegers, propietario del terreno, ha tenido reuniones tanto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) como con la alcaldesa. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta concreta. No se ha logrado establecer un diálogo efectivo entre las autoridades para buscar soluciones que eviten un desalojo forzoso.
Sin quedarse de brazos cruzados
Los pobladores de la toma del cerro La Virgen se han manifestado en múltiples ocasiones para visibilizar su descontento ante la orden de desalojo emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Con el lema “una sola lucha: nuestra dignidad”, claman a viva voz por sus derechos fundamentales.
Esta comunidad enfrenta la indiferencia de la sociedad y las autoridades, exigiendo la regularización de las tomas y campamentos. Determinados a resistir las desocupaciones, batallan por su derecho a la tierra, la vivienda y, sobre todo, la dignidad.
Miilko Caracciolo, concejal de San Antonio, habló sobre que el cerro La Virgen fue estipulado como zona de extensión urbana en el regulador de 2006. “Para aprobar este cambio en el uso de suelo, debieron existir los certificados de factibilidad de alcantarillado y agua potable. Este es un punto crucial a considerar. Hace años se determinó que era un área de extensión urbana y esto se refleja en los caminos y la ocupación del terreno. Si observas la ley de urbanismo y construcción, verás que el campamento cumple con todos los requisitos. La gente ocupó los terrenos, construyó y diseñó sus casas de acuerdo con la ley. Esto es algo que no se ha mencionado hasta ahora y es fundamental destacar”.
Al caminar por las calles de barro del campamento, es inevitable sorprenderse por la vista panorámica de toda la comuna y su costa, al igual que la comunidad que se ha formado en la zona. Pues, entre los mismos vecinos han construido plazas, negocios e incluso iglesias. “Por eso nos envidian y nos quieren sacar de acá”, expresó Ayala con un toque de humor.
Preocupación y estigmas en la comuna
A pesar de la evidente organización de los habitantes del lugar, hay quienes no se sienten de acuerdo ni conformes con la llegada de ellos, debido a diversas razones que especifican de acuerdo a sus vivencias, como la seguridad, limpieza, y que creen que no todos los que están ubicados en el campamento tienen la necesidad de tener dicho terreno. Una de ellas, es Tella Velásquez (69), quien es vecina del cerro La Virgen desde que nació, y ha experimentado en carne propia los cambios geográficos y la llegada de la gente al lugar.
“Yo me doy cuenta de que desde el inicio de la toma ahora todo pasa en San Antonio. La delincuencia ha aumentado acá en el barrio y la sensación de inseguridad hasta para ir a comprar el pan también. Con la llegada de las tomas, se empezó a poner feo por acá. La basura se ha acumulado y el entorno se ha deteriorado”, señala Tella con angustia.
Actualmente, la delincuencia está ganando terreno en San Antonio, con la creciente ola de asaltos, robos, e incluso homicidios ha afectado duramente a la comuna. Según cifras de Carabineros, al comparar los delitos cometidos a la fecha entre el 2023 y el año 2022, hubo casi el doble de robos en lugar habitado. Los robos con intimidación crecieron un 54%, y los robos en lugar no habitado en un 41%. En medio de la desesperación de la comunidad, el desconocimiento y la constante búsqueda de respuestas, salen a la luz prejuicios y estigmas.
Mario Muñoz, abogado asesor de la Dirección de Seguridad Pública de la municipalidad de la ciudad puerto, explica que “no se puede asegurar a ciencia cierta que el factor principal del aumento de la delincuencia sea el resurgimiento de los campamentos, sino que el origen de ello puede apuntar a la falta de patrullas policiales y personal de Carabineros que aqueja a la comunidad. Por ejemplo, esto se ve reflejado en que en la Primera Comisaría de San Antonio solo existen dos vehículos para responder a lo que San Antonio y Barrancas solicitan”.
Los principales señalados por el alza de la delincuencia son dos grupos: los inmigrantes y la gente de las tomas. Estos grupos son frecuentemente culpados por la situación sin una base sólida, lo que genera tensiones y divisiones dentro de la comunidad.
Frente al contexto y, a pesar de sentirse rezagados, los pobladores del sitio en cuestión dicen estar a la espera de que el Gobierno reconsidere y ejecute la acción de adquirir el terreno, pero por, sobre todo, se mantienen esperanzados de que sus propios vecinos porteños empaticen con sus dificultades.
