Por Luana Meneses y Felipe Pereira
Cristina Cárcamo Rosas tiene doble nacionalidad: chilena y alemana. Nació en 1969, cerca del Lago Rupanco, en la Región de Los Lagos. Posee un acento particular, el cual hace notar que su inglés es básico y que el español, a pesar de ser su lengua materna, no es su fuerte. Aun con un desfase de seis horas, y con ánimos de visibilizar su historia, Cristina se esfuerza por encontrar las palabras adecuadas para darse a entender. Es una de las tantas personas que fue adoptada de forma irregular durante el periodo de dictadura, lo cual generó en ella un sentimiento de pérdida de identidad. “Hay muchos niños como yo que no hablan bien su idioma natal. A algunos de nosotros los padres adoptivos nos prohibieron hablar en nuestra lengua materna”.
La historiadora de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, investigó sobre este tema, específicamente en el sur del país. En su estudio concluyó que la sustracción de menores en época de dictadura se dio bajo el abuso de poder hacia las madres biológicas de los recién nacidos, las cuales eran engañadas, presionadas y manipuladas para entregar a sus bebés. Esta separación forzada destinó a esos niños y niñas a crecer alejados de sus raíces, mayoritariamente en el extranjero.
Según cuenta Cristina, fue adoptada desde un hogar a los seis años. La llegada a su familia alemana se realizó a través de un proceso irregular, camuflado, de ayuda humanitaria. Su madre biológica murió cuando ella tenía seis meses y su padre no fue partícipe de su historia. El resto de su familia fue convencida de que lo mejor para Cristina era crecer junto a padres con mayores recursos, por lo que fue entregada sin los documentos correspondientes.
El sentimiento de no pertenecer es uno de los que más invade a la chileno-alemana, quien dice no sentirse parte de la sociedad europea. De pequeña se cortó su largo cabello negro para poder encajar, e incluso intentó aclarar su color de piel que vislumbra sus raíces latinas, debido al racismo que sufrió durante su estadía en Alemania. Además, asegura que una persona, al ser adoptada, no lleva consigo nada que le recuerde a su hogar ni a sus raíces. “Es un sentimiento brutal. Pierdes tu cultura, tu religión, tus raíces chilenas y lo más importante: tu familia. Te pierdes a ti mismo, así que lo pierdes todo”.
Según lo revelado por una investigación hecha por Nicolás Sepúlveda para el medio Ciper, el actual juez de la Corte Suprema, Mario Carroza, expuso que fueron más de veinte mil los infantes adoptados ilegalmente para ser llevados al extranjero. Sin embargo, esta cifra no representa la totalidad de los casos, ya que esta situación también ocurrió dentro del territorio nacional. Así lo demuestra la historia de Constanza del Río quien, a sus 39 años, se enteró de que fue adoptada en circunstancias irregulares.
La agobiaba un sentimiento de no pertenecer a su propia familia. “Era una sensación difícil de explicar. Me sentía excluida pero sin saber por qué, ya que el amor que le tengo a mis papás siempre fue mutuo”, cuenta. Pese a esto, Constanza decidió exigirle a su madre los detalles de su historia, momento en que se enteró de la verdad: en su adopción estuvieron involucrados un sacerdote y el equipo médico del lugar donde nació. Su mamá era de clase alta y menor de edad, por lo que la habrían convencido de entregar a su bebé para evitar la vergüenza del embarazo adolescente.
Conforme a lo expuesto por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la red de tráfico de menores contó con una numerosa nómina de cómplices. Entre ellos se encontrarían doctores, asistentes sociales y sacerdotes.
Esta diseñadora gráfica de profesión, al igual que Cristina, decidió emprender la búsqueda del hilo conductor de su vida, llegando finalmente a establecer contacto con su padre, Fernando, quien no autorizó la adopción y había buscado a su hija durante cuarenta años. “Enterarme fue un terremoto emocional, pero aunque fue doloroso, todo en mi vida comenzó a encajar. A diferencia de mi padre, mi mamá no me aceptó, por lo que hasta el día de hoy no tengo contacto con ella”, lamenta.
La labor de las ONG en los reencuentros
Luego del gran impacto que generó en Constanza el conocer sus verdaderos orígenes, decidió fundar Nos Buscamos, una ONG dedicada a ayudar a familias separadas entre las décadas del 50 y el 90. Hasta la fecha, según datos entregados por la fundadora, se han logrado concretar alrededor de 400 reencuentros. Además, afirma que en la actualidad la ONG tiene más de siete mil casos registrados a la espera de una resolución.
Nos Buscamos funciona a través de un convenio con MyHeritage, laboratorio estadounidense de ADN que permite vincular a personas genéticamente compatibles. Las familias que deseen iniciar una búsqueda a través de la ONG solo deben pagar los gastos operacionales, como exámenes, viajes, alojamiento, etc.
Una labor similar realiza la Fundación Hijos y Madres del Silencio, la cual además de ayudar a familias que buscan a sus parientes, ha emplazado al Estado de Chile para que se avance en la investigación de este tipo de casos. Asimismo, la fundación pide una mayor destinación de recursos para abordar las soluciones requeridas para estos casos. Frente a la falta de respuesta en esta materia, la labor desinteresada de ambas organizaciones ha permitido cambiar la vida de muchas personas que incansablemente buscaban su verdad.
La justicia tarda, ¿pero llega?
En gran parte de los casos se desconocen las sanciones que se otorgan a los posibles involucrados en tráfico de menores durante el periodo de dictadura. En esta misma línea, la pena que recibe dicho crimen corresponde al presidio, por lo que este puede prescribir en un plazo de quince años. Hasta la fecha no hay condenados, debido a que el delito prescribió o, en su defecto, los acusados pudieron haber fallecido.
Sin embargo, entidades como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se han encargado de tomar las denuncias respecto a este tema y derivarlas a los organismos e instituciones correspondientes. “El INDH procura poner en conocimiento de las autoridades competentes estos hechos y observar y velar porque el Estado de Chile cumpla con dichos estándares. En ese sentido, se vela porque las autoridades cumplan con el deber de investigar y sancionar con estos hechos”, explica Pablo Rivera, jefe de la Unidad de Protección del INDH.
Sumado a estas medidas, en 2019 se creó la Comisión Especial Investigadora como iniciativa de Hijos y Madres del Silencio, la cual fue presidida por el diputado del PC, Boris Barrera. Este informe tuvo como principal objetivo esclarecer la participación de agentes del Estado, principalmente ligados al Ministerio de Salud. Se intentó contactar al diputado Barrera respecto a la demanda de un grupo de afectados para crear una nueva Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, pero optó por no referirse al tema.
Pese a esta y más acciones al respecto, muchas víctimas como Constanza y Cristina sienten que no han sido suficientes para acabar con la impunidad. Desde el punto de vista de Cristina, “Chile debería hacer un mayor esfuerzo en proteger a sus habitantes, a todos. Deberían involucrarnos (a los adoptados) porque todos tenemos una historia para contar”.
Cicatrices invisibles de la adopción
Cristina cuenta que su vida con una familia adoptiva no fue buena, dado que la madre era alcohólica y la maltrataba e incluso la echó de la casa a los 18 años. “Tengo un trauma de adopción. Tuve que lidiar con el dolor físico y mental cuando era más joven. Por eso extraño el calor y el cariño de Sudamérica. Extraño el nunca tener que sentirme sola”.
Frente a su historia nace la interrogante sobre qué hubiera pasado con ella de haber crecido en el sur de Chile. Quizá no hubiese tenido tantas carencias afectivas como relata. “Nunca se me permitió ser cariñosa, excepto con mis padres, que solo me dejaban besarlos en la boca, lo cual nunca me pareció correcto”.
Constanza, por otro lado, sobrellevó el impacto de la noticia de forma distinta. Entró en una profunda depresión, por lo que decidió emprender un viaje sola a China para poder superarla. y “reconectar con ella misma”. Afirma, reflexionando, que su nueva realidad le provocó un profundo miedo al rechazo, el cual se acentuó luego de que su madre biológica no quiso aceptarla en su vida. “Cada vez que una familia se reencontraba en la ONG, yo me bajoneaba. Sentía que nadie me estaba buscando y que mi familia biológica no me quería”.
A cincuenta años del golpe de Estado, la búsqueda de justicia sigue vigente en miles de familias afectadas también desde la realidad de adopciones irregulares. Algunas no tuvieron el privilegio de volver a encontrarse debido a su avanzada edad y posterior muerte, mientras que otros lograron doblarle la mano al destino.
