En la reciente Cuenta Pública, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la expropiación de terrenos de la ex Colonia Dignidad. La medida que busca transformar el sitio en un lugar de memoria, ha generado preocupaciones sobre si los pagos de la expropiación beneficiarán a los descendientes de los antiguos jerarcas del enclave alemán. Además, la expropiación parcial y no total de las 182 hectáreas declaradas como Monumento Histórico Nacional en 2016 ha suscitado inquietudes en organizaciones y colectivos que buscan justicia. El gobierno ha asegurado que se tomarán medidas para evitar que los victimarios se beneficien y que se priorizará la reparación a las víctimas.
*Este trabajo fue realizado por Pablo Soto para su examen de la asignatura de Reportaje, a cargo de la profesora Nicole Salvatierra
Fuente imagen: Interferencia
Colonia Dignidad, fundada en 1961 por inmigrantes alemanes liderados por Paul Schäfer, se convirtió en un siniestro símbolo de violaciones a los Derechos Humanos antes, durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet. En sus terrenos, se llevaron a cabo torturas, desapariciones, violaciones y ejecuciones, lo que la convirtió en un centro de horror y represión. En su tercera Cuenta Pública, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la expropiación de estos terrenos, con la promesa de convertirlos en un lugar de memoria y reconciliación. En un contexto de colaboración internacional con Alemania, Boric ha asegurado que la prioridad será la reparación a las víctimas, un compromiso reafirmado durante su reciente visita a Europa.
Sin embargo, el proceso no está exento de controversias. La principal preocupación es que los pagos de la expropiación puedan beneficiar a los descendientes de los jerarcas de la colonia, quienes aún poseen parte de los terrenos. Además, la expropiación parcial y no total de las 182 hectáreas declaradas como Monumento Histórico Nacional en 2016 es otro punto que ha generado molestias en organizaciones y colectivos que buscan justicia.
Winfried Hempel, abogado de víctimas de la ex Colonia Dignidad, expresa su inquietud: “Es vital que los fondos de la expropiación no acaben en manos de quienes cometieron o se aprovecharon de estos actos atroces y que la justicia represente a todos. Nuestra prioridad debe ser garantizar que las víctimas reciban la compensación que se merecen”.
El 28 de mayo de 2024, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, envió un oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, para solicitar el ejercicio de las facultades expropiatorias. Este oficio, fundamentado en el Decreto N° 208 de 2016 del Ministerio de Educación, busca avanzar en la consagración de Colonia Dignidad como un sitio de memoria. La solicitud de Cordero específica la expropiación de terrenos que forman parte del monumento histórico, incluyendo la antigua casa de Paul Schäfer, el restaurante Zippelhaus, el edificio de la administración, la bodega de papas, el hospital y la portería de acceso.
Más de 300 afectados y 100 desaparecidos
Desde su fundación, la colonia alemana operó bajo estrictas normas de aislamiento y control. Los niños eran separados de sus padres a los ocho años y criados en un entorno rígido y autoritario. Paul Schäfer, un exmilitar alemán que huía de acusaciones de abuso infantil en su país natal, instauró un sistema en el que el trabajo constante y la obediencia eran la norma. Los colonos trabajaban largas jornadas sin descanso, bajo vigilancia constante y con severos castigos para cualquier intento de escape o disidencia. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, los terrenos de la colonia fueron utilizados como un centro de detención, tortura y exterminio por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Según el informe «Desafíos frente a un archivo de la represión y la construcción de un sitio de memoria», presentado por la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad, Paul Schäfer cometió múltiples delitos graves que incluyen abusos sexuales, secuestros y torturas, además de estar involucrado en el almacenamiento y tráfico de armas. Acusado y condenado por estos delitos, Schäfer fue capturado en Argentina en 2005, extraditado a Chile y condenado en 2006, y permaneció encarcelado hasta su muerte en 2010.
En este contexto, más de 300 personas fueron víctimas de torturas, abusos y al menos 100 individuos permanecen desaparecidos, aunque se estima que esta cifra podría ser aún mayor.
Salo Luna, uno de los sobrevivientes más conocidos de Colonia Dignidad, vivió en carne propia las atrocidades cometidas en este enclave alemán. Fue capturado y llevado a la colonia a los ocho años. Allí, fue sometido a trabajos forzados, experimentos médicos, y fue testigo de abusos físicos y psicológicos que marcaron su vida para siempre. Finalmente, el 26 de julio de 1997, logró escapar junto a su amigo Tobías Müller, quienes tenían 18 y 23 años respectivamente, y encontraron refugio en el poblado de Paso Ancho.
Después de su escape, Salo Luna se convirtió en un testigo crucial en los juicios contra los líderes de la Colonia Dignidad. Reveló públicamente los crímenes cometidos por Paul Schäfer, incluyendo el abuso sexual sufrido por él mismo, y ha participado activamente en la «Comisión Mixta chileno-alemana para abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad y la integración de las víctimas en la sociedad».
En su incansable búsqueda de justicia y reparación, Salo Luna expresa una profunda preocupación por la expropiación parcial y no total del lugar y, con molestia, indica que “las hectáreas declaradas para expropiar apenas arañan la superficie de lo que realmente ocurrió en ese lugar. He buscado de muchas formas dar a conocer que falta agregar lugares para que sean expropiados y, principalmente, investigados”.
Principales inquietudes
El pasado 7 de junio, la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad dio a conocer una declaración en la que expresó su postura ante el anuncio de expropiación en la Cuenta Pública. En el documento, valoraron el avance que representa esta medida, pero manifestaron su desacuerdo con que la expropiación no sea total y mostraron su preocupación por la intervención de la comisión mixta porque «ha operado bajo el secretismo y se ha negado a dialogar y colaborar de manera participativa con las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil”.
Su presidenta, Margarita Romero, fue enfática en señalar que “queremos la expropiación total, es decir, las 182 hectáreas declaradas como Monumento Histórico Nacional. En el oficio solo son consideradas 50. Otro punto que no vamos a tolerar, y en el que tenemos el respaldo del gobierno, es que el pago de la expropiación beneficie a los hijos de los jerarcas. Este tema nos preocupa porque, por ley, es posible que los herederos legales puedan reclamar compensaciones”.
Ante esto, el seremi de Bienes Nacionales de la región del Maule, César Concha, afirma que “el pago no dependerá solo de Chile, sino también de Alemania, para eso hemos trabajado en conjunto. Villa Baviera es un terreno privado donde figuran empresas alemanas. Es por eso que es importante su rol. Respecto a las hectáreas, es lo máximo que se considerará. Agregar más partes del terreno solo dificultará la negociación”.
Rol de Alemania y proceso de expropiación
Alemania ha asumido un papel significativo en el proceso de expropiación de Colonia Dignidad y se ha comprometido a cubrir la mitad del costo como muestra de su responsabilidad histórica en la resolución de las consecuencias de los crímenes cometidos en la colonia. Actualmente, está en planificación una mesa de trabajo para definir los detalles específicos y los pasos a seguir. Aunque aún no se han establecido fechas concretas, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) será el organismo encargado de detallar el monto total de la expropiación. Una vez que complete esta tarea, Bienes Nacionales ejercerá su facultad para llevar a cabo la expropiación.
Bajo este escenario, la directora regional de Serviu Maule, Paula Oliva, afirma que “aún no sabemos qué se hará en el lugar. No hay nada concreto y dependerá del trabajo que hagamos con Alemania. Este proceso puede tardar más de un año, pero estamos comprometidos a asegurar que sea transparente y beneficioso para todos los afectados”.
Desde la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos de Colonia Dignidad, junto con el abogado de las víctimas, Winfried Hampel, expresan su descontento ante la falta de respuesta del gobierno respecto al pago de la expropiación y por el hecho que no se consideren las 182 hectáreas. En respuesta, han decidido tomar medidas con Alemania para asegurar que sus demandas sean escuchadas y están a la espera de la creación de la mesa de trabajo para discutir estos puntos y revertir la situación.
